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Mientras calienta la leche para el biberón de su bebé, Anisa Yousaf atiende con la otra mano la llamada de su abogada. Esta mujer pakistaní, de 24 años, consiguió en los tribunales de su país, el pasado mes de enero, una victoria pionera, la anulación del matrimonio forzado con un primo que su padre había organizado en el verano de 2021, cuando viajaron desde Barcelona a su localidad natal para asistir a otro enlace.
La joven describe como «un infierno» lo que en adelante aconteció. Al negarse a consumar el deseo de su progenitor, una práctica extendida en zonas como el sur de Asia, el África subsahariana o el Magreb y que, en muchas ocasiones, afecta a menores de edad, fue torturada físicamente. La agresión del propio padre la llevó incluso a sangrar, según consta en el informe médico.
Con ayuda de unos parientes logró regresar a España, donde vivía desde 2019. Su desconocimiento del idioma y el aislamiento al que se ve sometida la población femenina en sociedades patriarcales la dejó en un estado de «indefensión». Un desamparo que es el que ahora la lleva a iniciar una segunda batalla legal, la recuperación de su pasaporte como persona soltera. Un documento indispensable para conseguir que su hijo, de cinco meses recién cumplidos, tenga identidad legal.
Bajo protección, Anisa reside desde hace cerca de dos años lejos de Barcelona. En otra comunidad autónoma que por seguridad pide no revelar. Tras denunciar los hechos en 2023, con el asesoramiento de la Asociación Cultural Educativa y Social Operativa de Mujeres Pakistaníes (Acesop), tuvo que dejar el trabajo que entonces desempeñaba y hacer las maletas con quien es su actual pareja, Rajeb.
Antes de ello, la fundadora de esta entidad del barrio del Raval, Huma Jamshed, los casó bajo el rito musulmán y «ante varios testigos». Una ceremonia «simple y no oficial», pero que a la postre ha acabado resultando clave para el fallo de la juez del Tribunal de Familia de la ciudad de Lahore.
«Ahora puedo volver a ir con la cabeza alta», señala mientras muestra los folios de la sentencia redactados en inglés. La resolución judicial acredita algo muy importante para ella: «Significa que me han creído cuando dije que ese enlace se hizo contra mi voluntad». Y, como precedente, espera que esa credibilidad se aplique, de igual modo, a «las demás víctimas».
"Crímenes de honor"
Anisa ha perdido el contacto con la familia. Sabe que su padre fue detenido por la Policía Nacional y condenado por los hechos. Pero el miedo la aconseja mantener la distancia que va de su actual hogar al antiguo domicilio del periférico barrio del Besòs. Un temor que, en todo este tiempo, la ha llevado a pensar muchas veces en los denominados con el cruel eufemismo «crímenes de honor», el trágico destino que, por ejemplo, corrieron en mayo de 2022 Arooj y Aneesa Abbas, las dos hermanas pakistaníes de Terrassa (Barcelona) que fueron asesinadas en su país por oponerse a un matrimonio con dos primos impuesto por la familia.
Su retorno reciente y puntual a la capital catalana obedece a esta «nueva lucha» por sus «derechos». Tras la sentencia de la corte de Lahore, el siguiente paso no tardó en llegar, el certificado de cancelación emitido por la administración municipal donde estaba fichado el matrimonio forzado. Pero, alcanzado ese punto, se abrió el limbo legal en que la joven se encuentra ahora mismo inmersa y, por ende, también su hijo.
Junto a su abogada, Anisa ha completado la solicitud, a la Autoridad Nacional de Base de Datos y Registro (NADRA, por sus siglas en inglés) pakistaní, de un nuevo pasaporte en el que su estado civil no sea el de casada, lo que le permitiría oficializar, dos años después, su compromiso con Rajeb. Pero un trámite simple como ese se da de bruces con un formulario en el que no aparece ninguna casilla que se adapte a su estatus real, la anulación del matrimonio para que desaparezca de cualquier expediente público. «Lo fácil y rápido sería encasillarla como divorciada, pero nos negamos», afirma enérgicamente la responsable de Acesop, convertida en la auténtica red de apoyo de Anisa en España.
Pero también aquí el embrollo legal envuelve la vida de la joven. Desconoce el motivo, pero su permiso español de residencia de larga duración caducó en septiembre de 2024 sin renovación, pese a estar ya en régimen de protección. «Nadie me dijo nada», comenta resignada. Por contra, se le concedió «la tarjeta roja», es decir, el documento de asilo, ahora también vencido. Y la burocracia afecta también a su hijo, desprovisto de nacionalidad pakistaní y española hasta que se resuelva la situación legal de la mujer y pueda acreditar que está casada legalmente con su actual pareja. «Estamos ante una vulneración de los derechos de un menor, tanto en Pakistán como en España», denuncia su abogada.
Con el número de registro ya en las manos, esperan noticias de los representantes legales contratados por Acesop en Pakistán. «Si la decisión de NADRA no es favorable, acudiremos nuevamente a los tribunales», advierte Huma, acostumbrada a facilitar cientos de divorcios a víctimas de matrimonios forzados y para quien este caso ha representado «un reto todavía mayor».
«He ganado la mitad de la batalla», expresa Anisa antes de partir nuevamente a su hogar con su bebé y con la esperanza de conseguir, en los próximos meses, la resolución administrativa que le permita cerrar la pesadilla iniciada hace ya casi cuatro años: "Ahora lucho para que mi hijo tenga papeles".