Carboneras corrige su PGOU por El Algarrobico sin completar los trámites para que el terreno sea no urbanizable

El alcalde de Carboneras ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los documentos necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística de Carboneras (PGOU), con el supuesto fin de cumplir con una sentencia que ordena al Ayuntamiento que declare no urbanizable de especial protección el suelo sobre el que se asienta El Algarrobico, el imponente hotel a medio construir varado desde 2006 en una playa inserta en Cabo de Gata.

La modificación, presuntamente definitiva, viene obligada por una sentencia dictada por el TSJA en julio de 2016, hace casi nueve años, ratificada el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento debía subsanar los errores en la modificación del PGOU que había aprobado hace un año, entre otros la citación errónea de los sectores no urbanizables.

La subsanación de los errores en la modificación del PGOU es, sin embargo, un paso necesario pero insuficiente para modificar el PGOU, según denuncia Greenpeace. Los ecologistas advierten de que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y quedar registrada por la Junta de Andalucía para ser efectiva, algo que no ha ocurrido. Una búsqueda en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía demuestra que aún no consta ninguna modificación al PGOU de Carboneras, vigente desde 2009. La ley del suelo andaluza (LISTA) obliga a dar el paso del registro antes de publicar en el boletín.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) acompaña los dos documentos técnicos firmados por el arquitecto de un escrito firmado por él en el que proclama su “intención de cumplir con su obligación constitucional de cumplimiento” de sentencias y resoluciones judiciales. Dice que va a “prestar toda la colaboración requerida” por los tribunales. Hernández ha sido advertido por el TSJA de que le impondrán multas y preguntarán a Fiscalía si hay delito de desobediencia en el caso de que este proceso y el de revisión de la licencia de obras de El Algarrobico no avancen.

“Esto es una corrección de erratas, nada más. Una maniobra más para no cumplir la sentencia”, protesta José Ignacio Domínguez, el abogado de los ecologistas en los procedimientos judiciales que impulsan desde hace dos décadas para acabar con la estructura.

Greenpeace pide a la Junta que estudie la expropiación

Tras años de frustraciones por la resistencia del Ayuntamiento a acabar con la mole, los ecologistas son ahora partidarios de explorar la vía de la expropiación forzosa a la promotora Azata del Sol, abierta por el Gobierno central. “Por mucho que el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía lancen las campanas al vuelo con esta actuación, la sentencia sigue sin cumplirse ya que no se ha modificado la clasificación de los terrenos”, señala Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía. “Si la junta quiere acelerar el proceso debe estudiar cuanto antes la vía de la expropiación forzosa, como ya ha iniciado el Estado”.

El Gobierno se ha comprometido a derribar en 2025 los 16.000 metros cuadrados del hotel sitos en el terreno de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. Para el resto, sería necesaria la participación de la Junta de Andalucía, que no es partidaria de la expropiación, sino de insistir en la vía de la ejecución de las dos sentencias, firmes desde 2018 y 2021. Estas sentencias obligan por un lado a reclasificar el suelo y, por otro, a revisar la licencia de obra con la que se levantó el hotel. A día de hoy, el suelo es urbanizable y la licencia válida.

El asunto de El Algarrobico se ha convertido en primera línea de la refriega política después de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y futura candidata a presidir la Junta, anunciase por sorpresa el inicio del trámite expropiatorio a pie de El Algarrobico. El Gobierno central acusa a la Junta de estar anclada en una vía que no ha dado resultados en la última década y la invita a sumarse a la expropiación, mientras que en el Gobierno de Moreno creen que esta nueva vía puede enredar aún más un asunto ya muy enmarañado, y observan con desconfianza la súbita aparición de Montero, futura rival electoral.

Las aparentes dificultades para modificar el PGOU

En este contexto, Carboneras envía su autocorrección. Tras incontables avatares para ejecutar la reclasificación de los suelos, el Ayuntamiento ha pasado el último año tratando de enmendarse: en la primavera de 2024 modificó su PGOU, pero lo hizo con errores que afectaban directamente al sector de El Algarrobico-El Canillar y a las citas de los artículos que aplicaba. Carboneras los calificaba de “errores tipográficos”, pero la Junta de Andalucía defendía que “podría influir” en su necesaria adecuación a la nueva ley de suelo, por lo que tanto los servicios jurídicos de la Junta como los ecologistas pidieron su corrección.

Eso es lo que el Ayuntamiento parece solventar ahora, después de que el TSJA le haya requerido en tres ocasiones (julio, octubre y diciembre de 2024), la última de ellas “de manera urgente”. En los últimos meses, el Consistorio ha alegado que no tenía secretario, luego que no tenía arquitecto, y el TSJA le ha aclarado que no era necesario para lo que estaba pidiendo.

Desde que en 2006 un juez ordenó paralizar la obra, todo lo que ocurre en torno a El Algarrobico se convierte en extraordinariamente farragoso. Y ello, a pesar de que ya está claro que la construcción es ilegal, por situarse la mitad de ella en servidumbre de dominio público marítimo terrestre e invadir superficie del Parque Natural de Cabo de Gata.

Los ecologistas denuncian que el Consistorio, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (Ciudadanos), boicotea cualquier paso que pueda agilizar el derribo efectivo de El Algarrobico. En el municipio nunca se ha descartado del todo la puesta en valor del edificio: hace apenas dos meses, Hernández se mostró favorable a estudiar un posible uso, aunque al tribunal sigue diciéndole que cumplirá con las sentencias que lo declaran ilegal y que deberían conducir a su demolición.

A pesar de esas promesas de colaboración, la sentencia que obliga a trasladar esto al PGOU de Carboneras se dictó en 2016 y es firme desde 2018, pero en casi una década el Consistorio no la ha cumplido. En 2019 pretendió cumplir de una forma insuficiente, publicándola sin más, pero el intento fue rechazado por el tribunal. De 2021 a 2023, la cuestión giró en torno a cómo se expresaba el acuerdo de Pleno para modificar el PGOU, puesto que el equipo de Gobierno (entonces liderado por Amérigo) quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. El acuerdo de Pleno fue anulado por el propio TSJA.

En sus últimas providencias, la Sala del TSJA exigió al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) que le informara cada diez días de los pasos que iba dando para cumplir sus resoluciones. En la revisión de la licencia le ha dado un plazo de un mes para iniciar el procedimiento, que expiraría este próximo 10 de abril. El alcalde ya ha dicho que el proceso podría llevarle cinco años.